EL ORO VERDE EXPLOTADO LA CIDOB-CICOL Y ONGs

CREACIÓN DE CAPITAL SOCIAL DESDE ABAJO: LAS OPR Y LA GESTIÓN FORESTAL EN LAS TIERRAS BAJAS DE BOLIVIA

Cuando la intangibilidad es defendida hipocritamente por la CIDOB salta a la vista la doble moral de empresas madereras en principio sin sostenibilidad en territorios indigenas disque  virgenes la CIDOB sabe que los indígenas quieren desarrollo ahora porque al servicio de la DERECHA?. Este es un extracto de un documento guardado por la FAO.. Ademas devela implícitamente la poca predisposición de las ONGs a ser meros financiadores de proyectos

Los actores

Los bosques húmedos de las tierras bajas bolivianas han sufrido una degradación progresiva durante la segunda mitad de este siglo. Muchos grupos indígenas han padecido incursiones en sus territorios. En los últimos años setenta y primeros ochenta, la resistencia indígena a estas incursiones adoptó una forma organizada. Tal vez el acontecimiento más importante fue la fundación en 1982 de la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB, ahora llamada Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia). La CIDOB se fundó para representar a cuatro grupos indígenas diferentes, y sobre todo para ayudarles a defender sus territorios. Desde entonces, la CIDOB ha crecido notablemente y actualmente es una confederación de federaciones de grupos indígenas de todos los departamentos no andinos de Bolivia.

En el crecimiento de la CIDOB ha tenido gran parte el apoyo prestado por las ONG y otras entidades. En particular una ONG, APCOB (Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano), desempeñó un papel decisivo en la formación y la consolidación de la CIDOB; de hecho, CIDOB y APCOB compartieron los locales de oficinas en los primeros años de la CIDOB. Al crecer ésta, atrajo el apoyo financiero de varias organizaciones donantes. Este hecho, unido a su propio proceso interno de capacitación, convirtió a la confederación en una fuerza importante para la política de desarrollo de las tierras bajas bolivianas (y más tarde a escala nacional). Cuando el Gobierno de Bolivia cambió y adoptó políticas más progresivas en relación con los grupos indígenas, contribuyó también a reforzar la CIDOB. Así, en 1993, el Gobierno central creó una Subsecretaría de Asuntos Indígenas (integrada por los elementos más radicales e intelectuales del Gobierno) que hizo de la CIDOB su principal interlocutor. En cambio, los organismos forestales oficiales se han mostrado mucho menos dispuestos a apoyar las iniciativas de las organizaciones indígenas (Markopoulos, 1997).

A medida que la CIDOB se fortalecía, crecían también otras varias federaciones locales de comunidades indígenas, igualmente con el apoyo de las ONG y/o de la Iglesia Católica. Una de ellas fue la Central Intercomunal de las Comunidades del Oriente de Lomerío (CICOL), que agrupa a las comunidades del pueblo Chiquitano en Santa Cruz y fue uno de los miembros fundadores de la CIDOB. Desde sus comienzos en 1982, la CICOL ha recibido también el apoyo de APCOB (y de la orden franciscana).

Ambas organizaciones, CIDOB y CICOL, se crearon para defender el territorio y los derechos indígenas mediante actividades más representativas y políticas. Ulteriormente, han emprendido también actividades de gestión y desarrollo de los recursos naturales. Gracias a estas actividades – y como resultado de la fuerza creciente de las organizaciones – han podido establecer relaciones estratégicas con el Gobierno y con otras organizaciones que previamente habrían rehuido el contacto con ellas.

En las siguientes secciones de este artículo se consideran las experiencias de la CICOL y CIDOB. Siendo CICOL miembro de CIDOB, tales experiencias están estrechamente relacionadas y demuestran que distintos tipos y escalas de OPR pueden perfectamente desempeñar papeles diferentes pero complementarios en la promoción de la gestión sostenible de los recursos.

De la defensa del territorio a la empresa forestal en Lomerío

Aunque las comunidades indígenas que son ahora miembros de la CICOL habían desmontado tradicionalmente el bosque para cultivar tierras, cuando empezaron a abrirse carreteras en Chiquitania se perfiló una amenaza más grave al irrumpir las empresas forestales. Estas empresas penetraron en la región en parte aprovechando las lagunas en la legislación sobre tenencia de la tierra y en parte gracias a sus redes de contactos con las autoridades forestales locales (Markopoulos, 1997).

La respuesta inicial de la CICOL fue intensificar su lucha por la defensa del territorio, lo que llevó a encuentros violentos con los empresarios madereros. Oportunamente, sin embargo, la relación entre CICOL y APCOB llevó a aquélla a adoptar una estrategia diferente y menos conflictiva. APCOB, con sus redes de contactos más amplias y su conocimiento de la legislación sobre la tierra y los bosques, hizo ver a los dirigentes de la CICOL que presentando un plan de gestión forestal podían obligar al Estado a aceptarlo con preferencia sobre las demandas de las empresas forestales, y a otorgar a la CICOL una concesión a largo plazo respecto a los bosques por encima de los derechos ya poseídos sobre la tierra. Con apoyo financiero internacional, APCOB ayudó a la CICOL a formular tal plan.

En 1986/1987, el plan tomó la forma de un proyecto financiado por Oxfam América, SNV e HIVOS (dos ONG holandesas) (Markopoulos, 1997). El proyecto vinculaba la gestión forestal con la generación de ingresos mediante una serrería mecánica. Un equipo técnico (compuesto de técnicos de APCOB y promotores de campo de la CICOL) identifica las tierras susceptibles de explotación maderera. También realiza inventarios. Las comunidades presentan solicitudes de extracción de madera (incluidas las comunidades que carecen de bosques de valor comercial dentro de sus propio territorio comunal). El equipo evalúa entonces la viabilidad técnica del plan de extracción de madera, y los planes aprobados se presentan en la asamblea anual de la CICOL. La operación maderera aprobada es realizada por el equipo técnico y por trabajadores calificados de la serrería. La serrería paga a las comunidades un canon fijo por árbol cortado. Parte de la madera se queda en las comunidades (especialmente para construcción de viviendas) y el resto se vende en el mercado. La serrería tiene 40 empleados: 20 trabajadores calificados y 20 operarios contratados que proceden por turnos de las comunidades circundantes.

Este programa ha contribuido a defender el territorio de los miembros de la CICOL y a impedir la entrada en Lomerío de otras compañías madereras. Ha producido además la madera que necesita la comunidad y ha reforzado la legitimidad externa de la CICOL. No obstante, ha sido más débil en otros aspectos críticos. La CICOL todavía carece de capacidad interna para gestionar con éxito una empresa. La serrería dependía primero directamente de la CICOL, pero tras una serie de dificultades se estableció una dirección tripartita formada por CICOL, APCOB y BOLFOR, proyecto este último vinculado a la legislación forestal reciente de Bolivia que aspira a promover la silvicultura sostenible y las iniciativas del sector forestal privado.

Otro problema fue que hasta 1996 la serrería no fue rentable y por lo tanto no era sostenible en cuanto empresa, ya que dependía de las subvenciones de APCOB. Ello se debió en parte a la falta de capacidad de gestión y en parte a problemas de diseño (Markopoulos, 1997). En 1993 los ingresos no cubrían los costos de funcionamiento y, al reducirse las subvenciones externas, la serrería empezó a endeudarse con las comunidades. Pero en 1996 la empresa finalmente obtuvo beneficios, lo que fue posible gracias a una serie de iniciativas paralelas en la CIDOB.

Proyecto Sello Verde de la CIDOB

En 1993, la CIDOB pidió a sus organismos financiadores propusieran nuevos proyectos en los que se tuviesen en cuenta al mismo tiempo los objetivos de desarrollo económico de las poblaciones indígenas, protección del territorio y sostenibilidad ambiental. La ONG holandesa SNV propuso como una de las opciones la certificación de los productos forestales, y así nació el Proyecto Sello Verde (PSV) de la CIDOB.

En vista de los progresos ya realizados por la CICOL, se decidió que el mejor lugar para iniciar el proceso de certificación del PSV sería Lomerío. El PSV empezó a establecer contactos con instituciones certificadoras de la madera de renombre nacional e internacional y a examinar la reciente legislación forestal boliviana. Esta legislación favorece a las empresas y es una amenaza potencial para el territorio indígena, pero la ley también promueve la gestión forestal sostenible. En consecuencia, la CIDOB y APCOB concluyeron que la legislación y los recursos del Proyecto de manejo forestal sostenible (BOLFOR) podían ser instrumentos al servicio de los intereses territoriales de los miembros de la CIDOB, si se pudiese exigir al Estado la puesta en práctica de las orientaciones sobre gestión forestal sostenible, aumentando al mismo tiempo los ingresos que los miembros de la CIDOB podían obtener de sus bosques.

La CIDOB y sus asociados concertaron un acuerdo con BOLFOR para que la apoye en materia de investigación y formación y la ayude a establecer contactos internacionales con organismos certificadores. También fue importante la ayuda del BOLFOR para la creación del Consejo Boliviano de Certificación Forestal Voluntaria (CFV). El BOLFOR además prestó su asistencia en el desarrollo de un plan de comercialización y el establecimiento de contactos para la venta de la madera en los Estados Unidos y en Europa.

Mediante el CFV y el organismo de certificación, y con el apoyo financiero de SNV, CIDOB y CICOL organizaron (aunque provisionalmente) la certificación de productos de la madera de Lomerío. Las exportaciones de estos productos en 1996 dieron a la CICOL su primer año de beneficios, aunque subsisten muchas incógnitas sobre la viabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas de certificación.

La experiencia del CFV de la CICOL es un modelo que la CICOB puede utilizar como parte de una estrategia para instar al Gobierno de Bolivia a llevar a la práctica las dimensiones sostenibles de la nueva legislación forestal. El desarrollo de la capacidad interna para la gestión forestal ha contribuido así a elevar también la capacidad externa de la CIDOB para promover de manera efectiva sus reivindicaciones sobre la gestión del capital natural de las tierras bajas bolivianas.

Es muy significativo que el interés común por propiciar formas más sostenibles de explotación forestal en Bolivia ha hecho posible construir relaciones de colaboración entre organizaciones que en otro plano tienen programas muy diferentes, y desde luego orígenes políticos y financieros diversos. Aunque no siempre sea posible ni deseable ignorar todas las diferencias de perspectiva, se han anudado muchas relaciones que hace un decenio podrían haber parecido imposibles.

referencia:

http://www.fao.org/docrep/w8827s/w8827s04.htm