Chile, entre contradicciones y preparativos de guerra

La estrategia de defensa del vecino

La Razón / Juan Lanchipa Ponce

00:01 / 19 de agosto de 2012

Las máximas autoridades del Gobierno chileno han repetido en varias oportunidades y en distintos escenarios que representan a un Estado amante de la paz, respetuoso del derecho internacional y fiel cumplidor de los tratados internacionales. Sin embargo, en la práctica, Chile asume acciones que constituyen una amenaza para la paz regional, mantiene una conducta que a lo largo de la historia ha contravenido muchas veces los principios generales del derecho y sólo cumple los compromisos contraídos en forma parcial de acuerdo con su conveniencia. 

En efecto, como es de público conocimiento, la República de Chile ha destinado en promedio cerca de 3.000 millones de dólares anuales al gasto en defensa en la última década; mantiene minas antipersonales en sus fronteras desde los años 70, pese al compromiso que asumió para removerlas y/o desactivarlas al suscribir la Convención de Ottawa de 1997, y, no hace mucho, su Ministro de Defensa amenazó con utilizar sus Fuerzas Armadas para “hacer respetar los tratados”, en clara alusión a la posibilidad de que Bolivia denuncie el Tratado de 1904. Eso demuestra claramente que Chile dista mucho de ser un país “amante de la paz”.

Por otra parte, el hecho de que el Gobierno chileno exija celosamente el cumplimiento del Tratado de 1904, en su parte referida a la delimitación fronteriza y transgreda al mismo tiempo todas sus demás cláusulas, es prueba inobjetable de que aplica una política exterior que sólo respeta las normas internacionales cuando éstas se ajustan a sus intereses. Las obstrucciones al libre tránsito de Bolivia interpuestas por las empresas privadas que operan los puertos chilenos y la paralización por ya casi una década del ferrocarril Arica-La Paz son muestras claras de esa mala fe que se expresa en una actitud contradictoria.

Por tanto, considerando que los principios generales del derecho enuncian, entre otras cosas, la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza y la obligación de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas, Chile no puede ser considerado como un Estado “respetuoso del derecho internacional”, más aún cuando los encargados de su diplomacia lo repitan en todas y cada una de sus declaraciones.  

Pero lo más delicado es que todas estas contradicciones, entre lo que se dice y lo que se hace, están siendo profundizadas cada vez con mayor desparpajo por las autoridades chilenas con medidas que parecen representar el preludio de una guerra. Prueba de ello, es la nueva norma para el financiamiento de las Fuerzas Armadas de Chile, que reemplazará a la Ley Reservada del Cobre, a través de la nueva Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD) (2012-2024) [más información en http://www.aainteligencia.cl/wp-content/uploads/2009/11/ENSYD-version-definitiva.pdf%5D.

Estas medidas, que están siendo evaluadas por el Senado chileno para su aprobación, tienen la evidente intención de reforzar aún más el poderío militar de Chile y anteponer la política de defensa por sobre todas las demás políticas de ese país, con la idea de que no exista ningún impedimento legal a la hora de recurrir al uso de la fuerza, extendiendo para este propósito denominado concepto de “seguridad ampliada”.

El proyecto de ley para el financiamiento de las Fuerzas Armadas, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, establece un presupuesto cuatrienal que no podrá ser inferior al 70% del monto invertido en armamento entre 2001 y 2010, que fueron precisamente los años que más dinero se invirtió en compras militares (en promedio 1.900 millones de dólares anuales) y crea un Fondo de Contingencia Estratégico que dispondrá de cerca de 3.000 millones de dólares “destinado a financiar el material bélico (…) para enfrentar situaciones de guerra”.

Por otra parte, la ENSYD, después de aclarar que las instituciones militares de Chile proporcionan los medios “para disuadir o emplear legítimamente la fuerza cuando no se ha podido proteger los intereses nacionales por otros medios”, señala que “la capacidad operacional debe permitir fundamentalmente anticipar una agresión armada”, lo cual parece que fue extraído de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, promulgada por George W. Bush el año 2002, que desarrolla la doctrina de “guerra anticipada”, como una forma de eliminar las amenazas externas antes de que éstas se conviertan en inminentes.

Pero lo que más nos debe preocupar a los bolivianos es que la ENSYD reconoce que “algunas regiones (de Chile) no disponen del agua necesaria para sus procesos productivos”, y luego aclara: “Aunque la hipótesis de ocurrencia de conflictos interestatales por agua dulce es baja, resulta posible concebir un escenario de controversia por mejores y más amplias garantías de acceso al agua y sus reservas”. Resultan afirmaciones que son una clara amenaza para Bolivia, que es el único país que podría proveer de recursos hídricos al norte chileno, y es, además, el único país con el cual se podría concebir “un escenario de controversia” en los términos planteados. 

Ante este escenario de contradicciones y de alarmantes preparativos de guerra, vale recordar que Chile suscribió acuerdos multilaterales que proscriben expresamente la amenaza y el uso de la fuerza, como las Cartas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la OEA (Organización de Estados Americanos), y que, a tiempo de prohibir y condenar explícitamente “las guerras de agresión”, el Gobierno de La Moneda se comprometió a recurrir únicamente a procedimientos pacíficos para resolver los desacuerdos o conflictos que puedan surgir con Bolivia a través de las notas reversales intercambiadas en 1941.

La preocupación que desata los propósitos nefastos de la ENSYD no sólo concierne a los bolivianos, sino que se manifiesta en el mismo seno del Poder Legislativo chileno, en el que se alzan voces que pregonan el sentido común, la racionalidad, interpelando a los miembros del Poder Ejecutivo por llevar adelante un plan belicista que destina enormes cantidades de recursos, que no contribuye a la democracia al ser una locura que va en contrasentido a la moral y al derecho, porque resquebraja las relaciones amistosas al ser la negación de todos los derechos fundamentales existentes y en especial del derecho a la vida. El desarrollo y la integración son objetivos que se concretan transitando por el único camino que es la paz y la armonía de los pueblos.

El pacifismo no debe ser sólo formal, sino militante, por lo que se debe avivar la conciencia de la comunidad internacional para que el increíble silencio que guardan los Estados del continente se rompa y se pronuncien haciendo una exhortación al Gobierno chileno, estableciendo que, la seguridad no puede alcanzarse con cualquier medio, que debe prevalecer la confraternidad y la vigencia del derecho internacional.

A pesar de esos compromisos, por todo lo dicho, bien se podría esperar que en un futuro no muy lejano, los gobernantes de Chile manifiesten una vez más su “vocación de paz” y seguidamente, en un contrasentido —no esperado y mucho menos deseado— inicien otra guerra.